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14/03/18 61ª Sesión de la Comisión de Drogas de Naciones Unidas / Viena, Austria

Políticas de regulación de drogas - el Estado uruguayo como garante de la salud pública y los Derechos Humanos

El Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera encabeza la delegación que participa de la 61ª Sesión de la Commission on Narcotic Drugs en Viena, Austria. El encuentro internacional se lleva a cabo luego de los avances de UNGASS 2016.  Olivera llevó el mensaje político de Uruguay basado en el apoyo de decisiones que coloquen a las personas y su dignidad humana en el centro de las políticas.

En esa dirección, manifestó la importancia que representa para Uruguay la búsqueda de equilibrios entre derechos y obligaciones “con énfasis en protección del bienestar y la salud sin desconocer la necesidad de aplicar la ley siempre que sea necesario”.

En su exposición en la sesión plenaria, Olivera expresó que Uruguay reafirma su compromiso “con una definitiva incorporación de la perspectiva de política centrada en los Derechos Humanos como factor decisivo para orientar la toma de decisiones”.

Destacó el “hito histórico” que representó UNGASS 2016 al cerrar un ciclo dado por “la utopía de un mundo sin drogas” y la necesidad de colocar el tema “como un problema mundial y no como una guerra”. En su exposición, valoró la flexibilidad de las Convenciones para posibilitar los enfoques nacionales.

El jerarca dedicó un capítulo a la política de regulación y control del cannabis dentro de la política nacional de drogas. Explicó que el Estado uruguayo se ha propuesto recuperar el control del mercado del cannabis que, a consecuencia de su prohibición, estaba en manos de organizaciones criminales. En esa línea, enfatizó en que “Uruguay no pretende con esto liberalizar el consumo de marihuana ni descuidar en ningún caso los efectos que pueda ocasionar sobre la salud”. Añadió que el consejo a sus habitantes es y seguirá siendo “no consumir drogas” al tiempo que profundiza “los mensajes de prevención y cuidado de la salud”. Llamó a “reconocer con realismo que el uso de cannabis existe” y que las políticas ortodoxas implementadas hasta el momento han sido “ineficaces y nocivas”.

Olivera explicitó que la regulación del cannabis se desarrolla de manera conjunta con la regulación del mercado del tabaco y de bebidas alcohólicas en “una actitud responsable de un Estado que busca la mayor eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones como garante de la salud pública y los Derechos Humanos”.

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